El TSJC admite la querella contra Puigdemont, Junqueras y todos los consellers por el referéndum


  • El tribunal debe decidir ahora si impone una fianza a Puigdemont para que no se celebre el referéndum, tal y como ha pedido la Fiscalía
  • El ministerio público también ha reclamado que Mossos, Guardia Civil y Policía puedan requisar urnas y sobres y cerrar la web de la Generalitat del referéndum
  • Solicita al alto tribunal la autorización para practicar entradas y registros en domicilios “u otros lugares que exijan autorización judicial”
  • Reclama instar a los directores de los medios, ya sea públicos o privados, a que retiren los anuncios sobre el referéndum

Puigdemont y Junqueras, en sus escaños del Parlament este jueves ©SANDRA LÁZARO

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido este viernes la querella de la  Fiscalía contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; y los doce consellers del Govern por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de prisión, por la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

También ha aceptado la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, que incluye los mismos delitos, por no frenar la votación de la ley del referéndum. Previsiblemente, se acumulará a la causa que la líder independentista ya tiene abierta en el alto tribunal catalán. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza,  anunció este jueves las dos medidas.

En su escrito, el fiscal acusa a Puigdemont y a los consellers no solo de infringir la ley, sino de impulsar “una derogación abierta y deliberada” del ordenamiento constitucional.

La novedad principal de la querella contra Puigdemont y el Govern es que, a diferencia de la querella contra Forcadell y por primera vez en los distintos casos judiciales que se han sucedido durante el proceso soberanista, el fiscal superior de Catalunya, José María de Tejada, pide al TSJC medidas cautelares. Su objetivo no es otro que impedir el referéndum. Argumenta el fiscal que la conducta de Puigdemont y los consellers “no deja lugar a dudas que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional”.

La medida cautelar solicitada al TSJC que más afecta a los dirigentes catalanes es la fianza “y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fije” a Puigdemont y sus consellers para garantizar que puedan afrontar las multas en caso de que finalmente sean condenados. También reclama la autorización para practicar entradas y registros “en domicilios u otros lugares que exijan autorización judicial”.

También pide al TSJC que mande un oficio a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra para que los cuerpos policiales adopten “las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal”. Y especifica que el tribunal reclame a los agentes “requisar urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos electorales, elementos informáticos y análogos”.

Asimismo, el fiscal pide cerrar ya la web de la Generalitat para inscribir voluntarios para el referéndum, así como el portal de JxSí en que se detallan aspectos de la votación. Y, al igual que hiciera en la noche de este jueves el Constitucional, el fiscal solicita apercibir personalmente mediante un oficio a los alcaldes para que no faciliten “ningún tipo de recurso personal o material, incluyendo locales” para el 1-O. Antes de esta querella, 560 alcaldes han asegurado que lo harán.

La última medida cautelar solicitada es el aviso a los directores de los medios, ya sea públicos o privados, para que retiren los anuncios sobre el referéndum. El TSJC  reunirá a las 17h. la sala que debe decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía. El magistrado o magistrada que, una vez admitida, instruya la causa, será el encargado de decidir las medidas cautelares.

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Querella contra Forcadell

Pese a ser la tercera querella de la Fiscalía contra Carme Forcadell por no frenar votaciones sobre el proceso soberanista, en esta ocasión la Fiscalía ha incluido también el presunto delito de malversación. Las dos denuncias anteriores solo fueron por desobediencia y prevaricación.

El ministerio público acusa a Forcadell y a los cuatro miembros de JxSí y CSQP de la Mesa –Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet– de actuar bajo una  “contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales”. En especial, añade el fiscal, porque rechazaron las peticiones de reconsideración que hizo la oposición y siguieron adelante con la tramitación de las leyes del referéndum y de tranistoriedad jurídica.

La malversación, posible cárcel

De los tres delitos por los que la Fiscalía se ha querellado contra Puigdemont y los consellers, el de malversación es el único que implica penas de cárcel en caso de condena. En concreto, de dos a seis años, así com una inhabilitación de seis a diez años. No obstante, si se causa “un grave daño o entorpecimiento al servicio público” la pena podría llegar a los ocho años de cárcel y a los ocho años e inhabilitación.

La prevaricación –dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su ilegalidad– y la desobediencia –en este caso, al Tribunal Constitucional– están castigadas con penas máximas de quince y dos años de inhabilitación, respectivamente, así como la prohibición de ser candidato a unas elecciones por el mismo plazo y el pago de multa.

Artículo distribuido por eldiario.es bajo licencia CC


Mago Blanco

Mago Blanco: Fº Javier Flores Nácar Administrador y Creador del "Grupo Si Estas Estoy y del programa de Radio-Online Sonidos Flamencos. Apasionado del Diseño Web, la música, la originalidad, las personas,, Un amigo si tu lo eres... Si Estas...Estoy...

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