“ESTOS ME VAN A PAGAR LA HIPOTECA CON LOS 300.000”.


Desde la agrupación local de UpyD nos envían este comunicado, junto con el auto integro del juez en el caso que los enfrentaba a varios de los funcionarios del ayuntamiento.

Cosas de un Pueblo.


El 8 de julio de 2014 los cuatro concejales de UPYD fuimos citados para un acto de conciliación en el juzgado de Paz de Las Navas por injurias. Los funcionarios del Ayuntamiento Alfonso Martín, Sara Sáez e Israel García nos piden 300.000 euros de indemnización por haber sido incluidos en una querella que presentamos UPYD contra el alcalde Gerardo Pérez. Para refrescarles la memoria, recordar que iniciamos una querella criminal por falsificación documental y prevaricación. Los hechos acaecieron en una mesa de contratación en la que a Javier Sastre, y al resto de concejales, se nos entregó una lista de personas provenientes del ECYL para valorar 20 contrataciones. En dicha mesa se adjudicaron los contratos y al salir de la sala pedimos una copia de la lista oficial proveniente del ECYL (Instituto de Empleo de Castilla y León). No coincidían dos nombres de la lista 1 (la facilitada en la comisión) con la lista oficial 2 proveniente del ECYL. Habían sacado de las listas a dos naveros necesitados de trabajo en una época dura y no podíamos dejarles indefensos.

Pedimos explicaciones al alcalde en el siguiente pleno y continuaron las mentiras. Decidimos los cuatro concejales emprender una querella criminal por falsedad documental y prevaricación contra Gerardo Pérez. Varios informes de Sara Sáez (fechado en domingo) y de Alfonso Martín e Israel García en favor de Gerardo Pérez, más la incongruencia de sus declaraciones provocaron la petición de nuestro abogado del disco duro del ayuntamiento, la autorización (necesariamente aprobada en pleno) de trabajo con conexión exterior de Sara Sáez y la lista de documentos del informático, cuyos números de entradas y fechas no son correlativas.

La fiscal a la vista de esta nueva información decide solicitar la ampliación del caso con otra nueva querella contra Gerardo Pérez y Sara Sáez por falsedad documental durante el proceso judicial. El juez acepta la querella el 2 de septiembre de 2013.

Después el juez pidió varias veces al Ayuntamiento que entregase las pruebas, incluido copia completa del disco duro del ordenador del Ayuntamiento, algo que nunca cumplieron, sin tener apremio ni pena por ello por parte del juzgado. Dos meses después el mismo juez sobresee el caso “por falta de pruebas”. Recurrido a la Audiencia Provincial ésta nos conmina a los concejales que escojamos la vía administrativa y no la penal, porque “puede que deba exigírsele responsabilidad desde un punto de vista administrativo por la posible irregularidad, o desde un punto de vista político, al no haber controlado la tramitación del expediente y comprobar que el mismo se hubiera tramitado de forma correcta.”

Después de más de 7.000 euros de nuestros bolsillos en costas de abogados, procuradores y peritaciones. Aun sabiendo que el Ayuntamiento “toreó” la decisión del juez de entregar el disco duro y otras pruebas concluyentes, a la vista de que éste no quiso implicarse más pidiendo las pruebas, decidimos dejar la querella donde estaba, pero a sabiendas que no se había impartido justicia.

Volviendo a los 300.000 euros que los funcionarios nos piden por daños morales, Alfonso Martín, Sara Sáez e Israel García, se la dan de dignos y presentaron una querella mediática contra nosotros. En esta se rebajó a 60.000 euros la “ofensa” y se convocó a la prensa a la puerta de los juzgados para utilizar los medios de comunicación claramente de modo político (cuando ellos son funcionarios). Llega justo a tiempo para dejarnos fuera de las elecciones municipales porque UPYD proclama 0 imputados en sus listas electorales.

El 26 de enero de 2015 recibimos el apoyo institucional de UPYD en Ávila, Valladolid y Madrid, al considerar que esta querella no es más que una persecución política. “No se va a permitir que personas que están trabajando por la limpieza de las instituciones, se les persiga y se les impute por combatir la corrupción”

En nuestra declaración defendemos abiertamente que los funcionarios son meras marionetas y que el juicio se lo paga el Alcalde. El 20 de Abril de 2015 el juez emite sobreseimiento provisional al no considerar la querella de los funcionarios: “actuación como concejales de la oposición en un Ayuntamiento, en su labor legítima de crítica política y en su caso denuncia de posibles irregularidades que entiendan cometidas y que en su caso pudieran ser constitutivas de infracción penal“. Dos meses más tarde la Audiencia Provincial confirma el sobreseimiento y cierra el caso.

El Ayuntamiento, tras pedir informes a la Diputación de Ávila, en diciembre de 2015 ha tenido que pagar las costas de nuestros abogados (esperamos que sólo las nuestras) 2.177, 50 euros. Aunque las noches sin dormir, los nervios en nuestras familias y allegados no tienen precio, al menos la hipoteca, como alguno de los funcionarios alardeaban (“estos me van a pagar la hipoteca con los 300.000 euros”) se la tendrán que seguir pagando ellos. Algunos aún no saben que están al servicio de los ciudadanos, no de los políticos de turno. Lástima.

Fdo. Javier Sastre, Paz Capa y Carlos Moral.

Auto integro del juez


Mago Blanco

Mago Blanco: Fº Javier Flores Nácar Administrador y Creador del "Grupo Si Estas Estoy y del programa de Radio-Online Sonidos Flamencos. Apasionado del Diseño Web, la música, la originalidad, las personas,, Un amigo si tu lo eres... Si Estas...Estoy...

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